Un Decreto Ley abre la puerta a la legalización de 500 viviendas irregulares en Manilva

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Manilva.- El Consejo de Gobierno ha aprobado el Decreto Ley de Medidas Urgentes para la Adecuación Ambiental y Territorial de las Edificaciones Irregulares, con el que se quiere resolver una situación que en Andalucía afecta a más de 300.000 familias.




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Según los datos del área de Urbanismo, en Manilva "son 500 las viviendas que están en situación irregular y que ahora podrán verse beneficiadas con la aplicación de este Decreto Ley" que pretende regularizar estas viviendas que en su mayoría están situadas alrededor de los núcleos y de los caminos, por lo que facilitarían su integración en la ordenación en el territorio e infraestructuras para los servicios básicos de saneamiento y abastecimiento de agua y electricidad, ya que en algunos casos no tienen garantizadas las condiciones mínimas de seguridad y salubridad requeridas para su habitabilidad.  

Tanto el edil de Urbanismo Marcos Ruiz como el alcalde de Manilva, Mario Jiménez aseguran que ,"desde el Ayuntamiento vemos con buenos ojos este instrumento que se nos ofrece, que refunde varias normas a las cuales ya nos habíamos ido acogiendo, todo ello con el objetivo de dar respuesta a un problema existente y en el que estamos trabajando".

El nuevo decreto está basado en tres pilares: el primero parte de la instrucción urbanística aprobada en mayo, que ampliaba la declaración de asimilado a fuera de ordenación (AFO). Esta figura no supone una legalización sino el reconocimiento de una situación de irregularidad ante la que, al prescribir el delito, no cabe adoptar medidas de restablecimiento de la legalidad. La declaración AFO permite que los propietarios accedan al Registro de la Propiedad y a servicios básicos como el agua, la luz y el saneamiento, así como la posibilidad de realizar obras de conservación y mantenimiento.

El nuevo decreto ley permite el acceso al AFO a cualquier edificación irregular, aunque con algunas excepciones, como las viviendas que están aún en plazo para restablecer la legalidad (seis años desde su construcción) o con sentencia. Tampoco podrán acogerse al decreto ley las viviendas que se asienten sobre suelos de especial protección.

En segundo lugar, los asentamientos debían figurar en los planes generales y, una vez superado ese paso, los ayuntamientos tendrían que desarrollar un plan especial o un plan parcial para cada uno de los asentamientos. 

Con este Decreto Ley todo municipio podrá formular, de manera inmediata, un Plan Especial para una agrupación de viviendas concreta que tenga o no aprobado su PGOU. Hasta ahora, había que esperar 6 años de media para aprobar un PGOU, más los 20 meses que requería un plan especial. A partir de ahora, el problema se puede resolver sólo contando los plazos del Plan Especial.

Por último, el tercer pilar en el que se sustenta este decreto ley está en la incorporación de las agrupaciones de viviendas irregulares de carácter urbano a los planes generales. Los ayuntamientos deben prever en sus PGOU una serie de servicios mínimos, como equipamientos públicos o zonas verdes, si pretenden incorporar un asentamiento como urbano o urbanizable.